Un juez dispuso «la paralización de toda actividad minera (aurífera) ilegal» en dos de los principales ríos en la Amazonía boliviana, afectados por la contaminación de mercurio, informó este sábado la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap).
La resolución emanó de un tribunal de la población de Rurrenabaque, en el departamento de Beni, tras otorgar la tutela a una acción popular que presentó la entidad indígena a principios de agosto.
El juzgado ordenó «la suspensión de toda actividad minera que no tenga licencia ambiental», señaló la Cpilap en un comunicado.
Asimismo, el fallo estableció que la estatal Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) «cumpla con verdaderos procesos de consulta previa» y la «suspensión de la otorgación de nuevos derechos mineros» en las áreas afectadas.
El recurso judicial se presentó hace más de un mes por los pueblos tacana, uchupiamonas, ese ejja, tsimanes y mosetén, agrupados en la Cpilap, que habitan cerca de los ríos Madre de Dios y Beni.
La acción popular estuvo dirigida contra los ministros de Medio Ambiente y Agua, René Méndez, y de Minería, Marcelino Quispe; el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de La Paz, Álvaro Antezana; el gobernador de ese departamento, Santos Quispe, y otros dos funcionarios.
A mediados del mes pasado, la corte regional ordenó la paralización de los trabajos mineros como «medida cautelar» en tanto se definía el fondo del caso que finalmente favoreció a los demandantes.
La paralización de las actividades mineras debe aplicarse en los ríos Madre de Dios, en Pando, y el río Beni, en el límite del departamento del mismo nombre y La Paz, y en cinco de sus afluentes.
El fallo judicial también ordena «la instalación de un puesto de control» para que la AJAM, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana «realicen controles rutinarios» en los ríos para evitar la expansión de la minería ilegal, entre otras acciones.
Con esto «se logró demostrar que la minería ilegal aurífera está afectando negativamente a su derecho a la salud, medioambiente y a la consulta previa libre e informada», destacó la Cpilap.
Los pueblos de la Amazonía boliviana señalaron como «tramposa» la manera en que se efectúan los procedimientos de consulta previa que el Gobierno aplica en las zonas donde busca implementar un proyecto de impacto.
En el último tiempo, el uso de mercurio en la minería aurífera ha generado una amplia discusión en Bolivia ante los efectos negativos que sus residuos tóxicos causan en el medioambiente y en la salud humana, con daños neurológicos y otras afecciones.
Un estudio que presentó a mediados de junio la Cpilap, basado en 302 muestras de cabellos de varias personas pertenecientes a 36 comunidades originarias amazónicas del norte boliviano, estableció que los niveles de mercurio están por encima de lo permitido.
Ante esta situación, el Gobierno aprobó un decreto para regular el uso de mercurio en la minería y dijo que alista otras normas adicionales sobre cuestiones sanitarias relacionadas a este metal.