El Gobierno denunció al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por supuestas irregularidades en un puesto anterior, quien por su parte atribuyó la denuncia a una presión política para desestabilizar el órgano que dirige.
El viceministro interino de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, fue el encargado de presentar la denuncia en Sucre, capital de Bolivia y sede del poder judicial.
La denuncia se basa en el supuesto uso indebido de influencias y beneficio en razón del cargo con el fin de manipular el sistema informático a su favor cuando presidía el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para supuestamente anular varios juzgados con procesos en su contra por retardación de justicia e incumplimiento de deberes, según explicó Melgar a los medios.
Lanchipa, en conferencia de prensa en Sucre, advirtió de que surgen ataques contra la Fiscalía General del Estado cuando investiga casos de corrupción, por interés «netamente político» para desestabilizar al Ministerio Público.
«No vamos a llevar adelante ningún acto sobre la base de la coacción, la subordinación o la amenaza», sentenció el fiscal general.
La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que alerta a la sociedad para no dejarse llevar con «acusaciones y argumentos falsos que pretenden desestabilizar y desacreditar la labor constitucional que cumple el Ministerio Público, cuyo objetivo final es cumplir con las investigaciones de corrupción que han sido denunciadas en el país».
La Fiscalía investiga casos de supuesta corrupción del Gobierno interino de Jeanine Áñez como uno por la compra en España de ventiladores hospitalarios para enfermos de COVID-19 con un sobreprecio de unos dos millones de dólares, por el que fue enviado a prisión preventiva un exministro
Lanchipa fue elegido en octubre de 2018 por la Asamblea Legislativa o Parlamento, durante el anterior Gobierno de Evo Morales, cuyo partido el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene mayoría parlamentaria.