Un estudio señala que las excepciones que existen en el Código de Familia en Bolivia, que permiten que un menor de edad pueda contraer matrimonio, deben eliminarse para evitar las uniones tempranas y forzadas, en el que las niñas son las más damnificadas con esta situación.
El estudio «Análisis de brechas normativas y sociales para abordar los matrimonios y uniones infantiles tempranas», realizado por la Coordinadora de la Mujer y Save The Children y que fue presentado este miércoles, reveló que en 2021 se registraron 223 partidas de matrimonio en adolescentes menores de 18 años, de las cuales el 91 % corresponde a mujeres adolescentes.
Además, de acuerdo con datos del último censo en el país realizado en 2012 alrededor de 23.770 mujeres de 15 a 17 años afirmaron haber estado casadas, en unión libre, separadas o divorciadas en el país.
«El problema mayor no son los matrimonios, sino las uniones tempranas que no se encuentran registradas y que las niñas menores están en unión libre con personas adultas, una relación completamente desigual de poder», sostuvo la experta en protección de la niñez de Save The Children, Jimena Tito.
Todo esto bajo el marco de normas bolivianas, como el Código de Familia, en el que figuran excepciones que permiten que un menor de edad pueda contraer matrimonio a los 16 años si es que cuenta con la autorización de sus padres o tutores, de acuerdo al estudio.
Para Teresa Alarcón, una de las investigadoras, manifestó a EFE que esta situación no solo necesita que se eliminen las excepciones en las normas, sino que también se regulen las uniones libres para evitar que se estén «dando situaciones de violencia contra las niñas» bajo el manto del «matrimonio o la unión forzada».
No hay datos certeros de las uniones forzadas en menores, ya que muchas veces se conoce de esta situación cuando la mujer es abandonada y busca que el esposo pase pensiones para los hijos, comentó Alarcón.
Esta situación es un «secreto a voces» o una «realidad clandestina» que tiene «poca acción estatal» y que también está relacionada con otros hechos como los embarazos en adolescentes o los contextos de pobreza que ponen especialmente a las niñas y adolescentes vulnerables a esa realidad, de acuerdo con la investigación.
Los matrimonios y las uniones infantiles son situaciones que suceden en todo el país, tanto en el área urbana como el en área rural donde tiene mayor prevalencia y que son «invisibilizadas» o incluso «normalizadas», por lo que es pertinente que a partir de este estudio se puedan realizar protocolos y cambios para que se aborde esta situación.
«Esto es producto de situaciones de pobreza que se replican, pero también de un sistema de poder y de relaciones de poder machistas que están prevaleciendo aún y que se reflejan en nuestras leyes y es necesario cambiarlas», sostuvo Alarcón.
Por su parte, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, recalcó que las uniones tempranas son «siempre forzadas por la ausencia de madurez de al menos uno de los contrayentes» y que en muchas ocasiones las familias acuden a esto por situaciones de pobreza.
Cruz indicó que esta situación pone en riesgo la salud física y mental de las menores, ya que al unirse o casarse se exponen a la «explotación laboral, la pérdida de autonomía, despoja a la persona de la etapa más importante de su desarrollo».
La viceministra aceptó la recomendación del estudio y estuvo de acuerdo con que las excepciones en las normas «dan cabida a una apertura o una formalización o legalización» de esa situación, por lo que trabajará para «ajustar» la norma.